En un paso decisivo hacia la justicia equitativa, la **Septuagésima Sexta Legislatura de Michoacán** aprobó por unanimidad la **Minuta de reforma constitucional** que modifica el **artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, facultando al Congreso de la Unión para expedir una **Ley General en materia de feminicidio**. Esta medida busca **homologar la definición del delito**, sus sanciones y protocolos en los 32 estados, combatiendo la fragmentación normativa que fomenta la impunidad.[1][7]
#### **El Impulso Michoacano: De la Fragmentación a la Uniformidad Normativa**
El Pleno michoacano, a propuesta de la **Comisión de Puntos Constitucionales**, respaldó esta iniciativa ante la “urgente necesidad” de unificar criterios. Actualmente, la diversidad de leyes locales genera **asimetrías en investigaciones y sanciones**, donde hechos similares se tratan de forma desigual según la entidad federativa. Esto produce obstáculos en la coordinación entre autoridades y debilita el acceso a la reparación del daño.[1]
Como bien se lee en el Acuerdo: *“El no tener un tipo penal uniforme ha generado problemas estructurales que afectan la justicia y la seguridad de las mujeres”*. 
#### **Voces Legislativas: Compromiso y Retos en la Tribuna**
Las diputadas michoacanas elevaron la discusión con intervenciones contundentes:
– **Teresita de Jesús Herrera Maldonado** enfatizó: “Homologar es necesario, pero el reto es que la ley se note en la vida cotidiana de las mujeres: que denuncien, se investigue y se haga justicia”. Alertó sobre fallas en fiscalías y tribunales. 
– **Fabiola Alanís Sámano** (MORENA) celebró el respaldo al movimiento social: “Las instituciones deben adaptarse para priorizar la sanción y erradicar la impunidad contra las mujeres”.
– **Adriana Campos Huirache** votó por convicción, elogiando al Fiscal estatal y urgiendo voluntad política: “No basta con leyes; mientras no cambie, nuestras calles y hogares seguirán inseguros”.
– **Belinda Hurtado Marín** resaltó la **Ley General única** para sanciones homogéneas y reparación integral.
Estas posturas reflejan un consenso bipartidista, alineado con avances nacionales como la aprobación unánime en la Cámara de Diputados (467 votos) y el Senado.