Congreso de Michoacán aprueba reforma para proteger a las familias
La reforma fue avalada por el Pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura tras el dictamen de la Comisión de Educación, derivado de una iniciativa presentada por la diputada Grecia Jennifer Aguilar Mercado.
El objetivo central es claro: evitar que la educación pública se convierta en un terreno de cobros indirectos o beneficios económicos indebidos para personas o negocios vinculados con la comunidad escolar.
“No se vale cargarle a la economía familiar gastos que no son necesarios ni obligatorios”, es, en esencia, el mensaje que deja esta modificación legal.
Qué prohíbe exactamente la reforma educativa en Michoacán
La nueva disposición refuerza que ninguna escuela puede:
- Condicionar el acceso al servicio educativo a la compra de:
- uniformes
- útiles escolares
- materiales educativos
- actividades extraescolares
- Obligar o presionar a las familias para adquirir productos o servicios con:
- proveedores determinados
- marcas específicas
- establecimientos exclusivos
- distribuidores señalados por el plantel
- Imponer:
- listas exclusivas
- convenios obligatorios
- recomendaciones con carácter de imposición
- cualquier mecanismo que limite la libre elección
En otras palabras, el mensaje legislativo es contundente: la educación no debe venir con letra chiquita ni con ventas atadas.
El punto de fondo: economía familiar y libertad de elección
La Comisión de Educación subrayó en sus consideraciones que estas prácticas afectan directamente a las familias, sobre todo en contextos donde cada peso cuenta. Y vaya que no es poca cosa: cuando una escuela impone un proveedor único, la libre competencia desaparece y el