Más de mil 600 solicitudes anuales de queja por posibles violaciones a derechos humanos —junto con cientos de expedientes pendientes— impactan directamente a víctimas, familias desplazadas, madres buscadoras y defensores en Michoacán. Carlos Torres Piña afirmó que ninguna transformación es completa mientras persista la indiferencia, la burocracia o la falta de información hacia quienes han sufrido injusticia.
En reuniones con organizaciones defensoras, liderazgos sociales, sector productivo, conductores digitales y asociaciones civiles en Morelia y Apatzingán, Torres Piña reafirmó que escuchar a las víctimas no es una concesión: es una obligación ética del servicio público. Subrayó que la paz se mide en la posibilidad real de trabajar, producir, trasladarse y regresar a casa con tranquilidad.
“La transformación no se construye sólo desde las instituciones; se construye con las víctimas, los trabajadores, los productores, los pequeños empresarios y las organizaciones que todos los días sostienen a sus comunidades”, concluyó.
