Hugo Rangel impulsa reforma para modernizar taxis en Michoacán
La iniciativa fue presentada ante el Pleno del Congreso del Estado y plantea una reforma a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Michoacán con un objetivo claro: garantizar condiciones de modernización tecnológica y competitividad para las y los concesionarios del servicio público de taxi.
De acuerdo con el planteamiento, las aplicaciones digitales usadas por taxistas concesionados serían reconocidas jurídicamente como herramientas auxiliares de modernización, y no como plataformas independientes de intermediación tecnológica. En otras palabras, la reforma busca poner orden en un terreno donde la tecnología avanza más rápido que la regulación.
¿Qué propone la reforma para taxistas en Michoacán?
La iniciativa de Hugo Rangel contempla varios puntos que podrían cambiar la dinámica del sector:
| Propuesta | Objetivo |
|---|---|
| Reconocer aplicaciones digitales como herramientas auxiliares | Dar certeza jurídica a su uso por taxistas concesionados |
| Establecer criterios de proporcionalidad regulatoria | Evitar cargas desiguales frente a grandes plataformas |
| Reducir riesgos de doble carga tributaria | Facilitar la incorporación a la economía digital |
| Impulsar plataformas locales | Fortalecer el desarrollo tecnológico con identidad michoacana |
| Proteger la economía regional | Retener el valor generado en las comunidades del estado |
Este enfoque intenta responder a un dilema que, como dice el refrán, “no se puede poner en la misma balanza lo que pesa distinto”. Para el legislador, la disputa entre el transporte concesionado local y las corporaciones transnacionales de plataformas digitales no parte desde la misma línea de salida.
Competencia desigual entre taxis y plataformas digitales
Durante la presentación, el diputado petista advirtió que existe una competencia profundamente asimétrica entre el gremio taxista y las grandes empresas tecnológicas que operan como intermediarias de transporte.
Según su postura, estas compañías concentran ganancias mediante modelos que extraen una parte importante de la riqueza generada por los transportistas, debilitando las economías regionales. El planteamiento coloca en el centro una pregunta que cada vez pesa más en la agenda pública: ¿quién se queda con el valor que generan las comunidades locales?
