La ciudadanía michoacana cuenta ahora con una barrera legal contra el espionaje tecnológico dirigido a fuerzas de seguridad: tras la aprobación del paquete de reformas al Código Penal del Estado, se castigará con hasta 12 años de cárcel el uso ilegal de videovigilancia y geolocalización para rastrear a autoridades.
El diputado local del PRD Michoacán, Octavio Ocampo, explicó que el Artículo 317 establece penas de dos a ocho años de prisión para quien, sin justificación, vigile u obtenga información sobre actividades de las fuerzas de seguridad con fines de alertar a la delincuencia. Cuando se usen cámaras, grabadoras, dispositivos de geolocalización o aplicaciones digitales en infraestructura natural o pública, la pena se agrava hasta los 12 años.
Ocampo destacó que la reforma excluye expresamente como delito las actividades periodísticas, académicas, de defensa jurídica, de derechos humanos o de denuncia ciudadana. También protege a corporaciones comunitarias e indígenas bajo esquemas de autogobierno.