La Fiscalía General del Estado de Michoacán activó por primera vez la Ley General en Materia de Extorsión para proteger a la ciudadanía: una mujer de la tercera edad fue vinculada a proceso por intentar introducir un celular al Centro de Reinserción de Alta Seguridad No. 1 en Charo, acción que —sin necesidad de consumarse— ya representa un riesgo real para la seguridad pública y facilita delitos como secuestro y extorsión desde el interior de los penales.
El intento basta para actuar
Según explicó el Vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal y Encargado de Despacho de la FGE, Israel Vega Rodríguez, el artículo 23 de la ley sanciona cualquier intento no autorizado de ingresar dispositivos electrónicos capaces de transmitir datos, voz, geolocalización o imágenes. Esta herramienta jurídica permite intervenir antes de que se concrete una amenaza, reforzando la prevención y la confianza comunitaria.
La autoridad jurisdiccional impuso medidas cautelares y fijó un mes para el cierre de la investigación complementaria. La FGE subrayó su coordinación con los centros penitenciarios y reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier conducta que pueda vincularse a este tipo de delitos.