El Congreso del Estado garantiza ahora la participación efectiva de los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanos y personas con discapacidad en la elaboración de leyes educativas. Con la aprobación del Protocolo del Proceso Legislativo para la Consulta, se asegura su derecho a la libre determinación, autonomía en modelos educativos y consulta previa sobre medidas legislativas.
Base legal y alcance
El protocolo se sustenta en el Convenio 169 de la OIT, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 3 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo. Además, responde a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Esta 76 Legislatura reconoce que el acceso equitativo a la educación es fundamental para una vida independiente y para el ejercicio pleno de derechos humanos en condiciones de igualdad.
