En un paso histórico que marca un antes y un después en la lucha contra el cáncer infantil y de adolescentes en Michoacán, las y los diputados de la 76 Legislatura reformaron la Ley de Salud del estado. Esta iniciativa posiciona al cáncer en la infancia y adolescencia como enfermedad prioritaria y crea el Registro de Casos de Cáncer en la Infancia y la Adolescencia de Michoacán, un herramienta vital para sistematizar datos y potenciar políticas públicas efectivas[1][3].
Reformas aprobadas: un marco normativo fortalecido desde la prevención
Durante una sesión extraordinaria, el Pleno del Congreso aprobó con 27 votos el dictamen unificado de las Comisiones de Salud y Asistencia Social, y de Protección a la Niñez y Adolescencia. Las modificaciones a los artículos 39 Ter y 39 Quáter incorporan una visión preventiva, comunitaria, interinstitucional y de derechos humanos, alineándose con la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia a nivel federal[1][2].
- Prioridad legal: El cáncer infantil y adolescente se declara oficialmente como enfermedad prioritaria, lo que obliga a acciones inmediatas.
- Nuevo Registro Estatal: La Secretaría de Salud de Michoacán debe crear, operar y actualizar este registro, integrándolo al Registro Nacional para recopilar datos sobre diagnóstico, seguimiento, evolución y desenlaces clínicos[1][3].
- Impacto en políticas: La información generada incidirá directamente en la planeación, evaluación y mejora de estrategias de oncología pediátrica[1].
Como bien dice el refrán, *”a mal tiempo, buena cara”*, pero en este caso, Michoacán responde con leyes que salvan vidas, recordándonos que la prevención es la mejor medicina.
Orígenes de la iniciativa: unión legislativa por los más vulnerables
El dictamen conjuntó propuestas de la diputada Belinda Iturbide Díaz y el diputado Antonio Tzilacatzin Carreño Sosa, demostrando que en la política michoacana prevalece el bien común por encima de las diferencias. Esta colaboración resalta el compromiso con el interés superior del menor, principio rector de la legislación en derechos de niñas, niños y adolescentes[1][2].