La pérdida de cobertura forestal en Michoacán no solo implica la tala de árboles: altera el ciclo hidrológico, reduce la captación de agua, incrementa la erosión de suelos, acelera incendios e inundaciones, y debilita el tejido social en regiones indígenas y rurales, donde el bosque es base económica, cultural y comunitaria.
Ante este impacto directo en la vida de las personas, la diputada del PVEM Sandra Arreola Ruiz presentará ante el Congreso del Estado una iniciativa para adicionar el artículo 302 Bis al Código Penal de Michoacán, con penas de hasta veinte años de prisión y multas significativas por tala clandestina, cambio ilegal de uso de suelo y devastación de bosques y selvas.
¿Qué cambia para la ciudadanía?
La propuesta introduce agravantes específicas cuando se usen motosierras, vehículos cargados con tocones o participen servidores públicos —conductas que evidencian preparación operativa y traición a la función pública. También establece decomiso obligatorio de instrumentos y efectos del delito para impedir la reiteración. La iniciativa busca homologar el régimen sancionatorio con el del Estado de México, donde ya rigen penas más severas y agravantes claras.
Arreola Ruiz señaló que Michoacán fue una de las entidades con mayor número de denuncias por delitos ambientales en 2024, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y que los marcos vigentes han resultado insuficientes para desarticular estructuras organizadas ni frenar la reincidencia.