La ciudadanía enfrenta mayor riesgo de inseguridad y descomposición del orden público si no se refuerza la protección penal a los policías michoacanos. El diputado Juan Antonio Magaña de la Mora presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para establecer una calificativa específica en el delito de homicidio cuando la víctima sea integrante de instituciones policiales y el crimen se cometa en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas.
Al exponer los motivos, señaló que las corporaciones policiales enfrentan ataques directos, represalias, intimidación institucional y emboscadas —como la ocurrida recientemente contra elementos de la Guardia Civil en Nahuatzen—, lo que debilita capacidades, genera impunidad, control territorial y desconfianza social. Este impacto excede al de un homicidio común porque busca inhibir la actuación institucional esencial para salvaguardar la vida, las libertades y la paz social.
Magaña de la Mora destacó que Michoacán no contempla esta agravante, a diferencia de Jalisco, Puebla, Estado de México y Tamaulipas, que ya cuentan con figuras similares en sus legislaciones. La iniciativa se sustenta en la función constitucional que desempeñan los policías: no actúan como particulares, sino como agentes encargados de materializar una función indispensable para la existencia del Estado democrático y las libertades.
La propuesta busca responder a un problema real, inhibir ataques y proteger la seguridad colectiva.
