La ciudadanía de Michoacán podría contar con una herramienta más contundente contra el reclutamiento forzado: una pena de hasta 40 años de prisión para quienes obliguen a otros a integrarse a la delincuencia, especialmente si las víctimas son menores, adultos mayores o personas de comunidades indígenas.
El diputado del PRI Memo Valencia presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado que reforma los artículos 173 y 174 del Código Penal michoacano, así como la denominación del Capítulo III del Título Sexto del Libro Segundo. La propuesta fue apoyada por diputados de diversos grupos parlamentarios y turnada a la Comisión de Justicia.
Valencia señaló que, de existir ya esta figura penal, delincuentes como ‘El Sierra 1’ —detenido recientemente— deberían responder también por este delito, lo que permitiría un concurso de delitos y sentencias más severas. Destacó que el fenómeno afecta no solo a Morelia, sino también municipios de Tierra Caliente como Apatzingán.
“Acabamos el periodo legislativo, pero los delincuentes, secuestradores, integrantes del crimen organizado, no tienen vacaciones”, advirtió, y reiteró que la falta de tipificación no es responsabilidad del gobernador ni de la presidenta, sino de los diputados.
