En un contexto donde la esperanza y la angustia conviven en muchas familias michoacanas, la diputada Vanhe Caratachea ha presentado una iniciativa para actualizar y clarificar la legislación sobre donación de órganos en el estado. Actualmente, los lineamientos se encuentran dispersos en el Código Civil, lo que genera contradicciones con la Ley General de Salud y la Ley de Salud estatal. La propuesta busca trasladar estas disposiciones a la Ley de Salud de Michoacán, armonizándolas con estándares internacionales y garantizando el respeto a los derechos humanos.
Principales puntos de la iniciativa de Vanhe Caratachea:
- Derogación de artículos en el Código Civil relacionados con la donación de órganos y tejidos humanos para evitar duplicidades legales.
- Creación de un capítulo específico en la Ley de Salud estatal que regule la donación y trasplantes con claridad y precisión.
- Establecimiento de un Registro Estatal de Donación y Trasplantes, coordinado con el Consejo Estatal de Trasplantes, para mejorar la organización y seguimiento de los procesos.
- Obligatoriedad de que solo establecimientos con autorización sanitaria vigente puedan realizar actos de procuración o implante de órganos.
- Fortalecimiento de la prohibición de lucro en la donación de órganos, reafirmando que el cuerpo humano y sus partes no son mercancía ni objeto de comercio.
- Garantía del consentimiento informado y libre, asegurando que la donación sea un acto voluntario y respetuoso de la dignidad humana.
Vanhe Caratachea enfatizó en tribuna que la legislación debe centrarse en la protección de la vida y la dignidad humana, rechazando cualquier forma de comercialización de órganos que degrade estos principios fundamentales. “El cuerpo humano y sus partes no son mercancía. No pueden ser objeto de comercio, porque eso degradaría la dignidad humana”, afirmó con contundencia.
Actualmente, en México rige el sistema de consentimiento tácito para la donación de órganos, donde se considera donante a toda persona que no haya expresado su negativa en vida, pero la autorización final recae en la familia. Esta situación genera que, en ocasiones, órganos potencialmente donables se pierdan por falta de claridad o consentimiento familiar. La propuesta de Caratachea busca fortalecer el marco legal para que el proceso sea más transparente, seguro y respetuoso.
Además, la iniciativa contempla la creación de mecanismos para que solo hospitales y clínicas autorizadas puedan realizar procedimientos de procuración e implante, garantizando la calidad y seguridad en los trasplantes.
