Gobernar es cumplirle a la ciudadanía con resultados tangibles y verificables. Bajo esta premisa, el diputado Toño Carreño Sosa presentó una iniciativa de reforma para crear la Comisión de Evaluación y Seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo, un mecanismo que busca fortalecer la rendición de cuentas en los ayuntamientos de Michoacán sin vulnerar su autonomía[1].
La propuesta responde a una realidad preocupante: aunque los municipios elaboran planes de desarrollo, aprueban presupuestos y ejecutan programas, carecen de un sistema institucional claro para evaluar si estas acciones realmente funcionan y benefician a la mayoría de la ciudadanía[1]. Como señala el legislador de Movimiento Ciudadano, “esa brecha no es menor; es una grieta en la confianza pública”[1].
La autonomía municipal no es un cheque en blanco
La autonomía de la que gozan los ayuntamientos, explicó Carreño, debe estar sujeta a principios fundamentales de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez[1]. El desafío radica en establecer controles sin coartar la capacidad de decisión local.
Los datos del INEGI revelan que una proporción significativa de municipios carece de áreas formales de evaluación o de indicadores estructurados de desempeño[1]. Esta carencia genera un vacío donde se sabe cuánto se gasta, pero permanece la incertidumbre sobre los resultados obtenidos.
Atribuciones claras para la nueva comisión
La Comisión propuesta tendría responsabilidades específicas y medibles[1]:
- Dar seguimiento al cumplimiento de metas municipales
- Proponer indicadores medibles para evaluar desempeño
- Solicitar información programática y financiera
- Emitir informes semestrales públicos
- Formular recomendaciones técnicas para mejorar políticas públicas
Continuidad en la agenda de fortalecimiento municipal
Esta iniciativa se suma a otros esfuerzos previos del legislador naranja. Recientemente, Carreño presentó una reforma al artículo 52 de la Ley Orgánica Municipal para fortalecer las comisiones de Hacienda, Patrimonio y Municipal, buscando que los recursos se apliquen en estricto apego a lo aprobado por los Cabildos[2]. También fue determinante en salvaguardar a los ayuntamientos de la reforma constitucional de no endeudamiento, reconociendo que los gobiernos locales requieren créditos para obras de