En un giro inesperado en el caso del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, el Poder Judicial ha otorgado una suspensión provisional que impide su captura, al menos por ahora. Esta decisión ha generado un gran revuelo en el ámbito político y judicial del país, ya que Aureoles enfrenta graves acusaciones por delitos como peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionados con la compra de cuarteles para la Guardia Civil durante su mandato.
Detalles del Amparo
La suspensión provisional fue concedida por un secretario en funciones de juez del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal, quien estableció que Aureoles debe pagar una garantía de 52 mil pesos en un plazo de cinco días para que la medida surta efecto[1][3][4]. Esta decisión judicial busca mantener “las cosas en el estado que actualmente guardan” y evitar que se ejecute la orden de aprehensión en su contra, incluso si se le impone prisión preventiva justificada en el proceso penal[6][9].
Acusaciones en su Contra
Las acusaciones contra Silvano Aureoles se centran en la adquisición de cuarteles para la Guardia Civil en varios municipios de Michoacán, como Huetamo, Apatzingán, Coalcomán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro. Según la Fiscalía General de la República (FGR), estas compras se realizaron a sobreprecio, causando un daño patrimonial superior a 3 mil 400 millones de pesos al erario federal y estatal[5][8].
Impacto Político y Legal
La concesión de este amparo ha generado debate sobre la eficacia del sistema judicial en México. Mientras que algunos ven en esta medida una garantía de los derechos legales de Aureoles, otros la consideran un obstáculo para la justicia, especialmente dado el monto del presunto desfalco.