El Congreso del Estado de Michoacán aprobó un paquete de reformas legales que endurecen las penas por delitos de maltrato y crueldad animal, estableciendo sanciones de 3 a 8 años de prisión para quienes inflijan daño físico a los animales, y de 2 a 5 años para quienes sustraigan animales domésticos con intención de causar daño al propietario.
Estas reformas, impulsadas por las comisiones unidas de Justicia y de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, reconocen que los derechos de los animales no humanos forman parte del derecho a un ambiente sano y equilibrado. Por ello, el Congreso definió con precisión qué conductas constituyen maltrato o crueldad animal, incluyendo:
- Lesionar, herir, torturar o golpear animales.
- Azuzar o hacer pelear a los animales.
- Encadenar, enjaular o limitar su movilidad.
- Cometer actos depravados o sexuales contra ellos.
- Abandonar o desamparar animales en la vía pública o en lugares de riesgo.
Además, la ley obliga a reparar el daño causado, incluyendo atención veterinaria, medicamentos y tratamientos si el animal maltratado aún vive. En casos donde el daño provoque sufrimientos graves o agonía prolongada antes de la muerte, las penas aumentan hasta en un 50%. Si el responsable es un servidor público, la sanción se incrementa hasta en un tercio.
Se equipara al delito de maltrato el abandono de animales en situación de desamparo o el no auxiliar a un animal lesionado de manera culposa, con penas de 2 a 6 años de prisión y multas correspondientes. La sustracción de animales domésticos, definida como la acción de sustraer, ocultar, retener o trasladar un animal sin consentimiento para causar daño al propietario, también fue tipificada con penas de 2 a 5 años y multas.
Este avance legislativo fue calificado como un paso histórico por la diputada Sandra Arreola (PVEM), quien destacó la importancia de trabajar en la prevención y el cambio cultural para erradicar la violencia contra los animales. La reforma contó con el respaldo de asociaciones animalistas, especialistas y la fiscalía especializada en delitos ambientales y maltrato animal, que ha revisado cientos de casos con criterios estrictos.