El Grupo Parlamentario del PRI en Michoacán respalda con firmeza la reforma constitucional que tipifica la extorsión como delito federal, una medida que busca combatir un problema que afecta a todos los sectores sociales sin distinción. La diputada Adriana Campos Huirache destacó que la extorsión se ha convertido en un “cáncer” que lacera la vida de familias, comerciantes y empresarios, y que es urgente erradicar desde el marco normativo con penas más severas y coordinación institucional.
La extorsión, que incluye modalidades como el cobro de piso, llamadas telefónicas amenazantes, secuestros y desapariciones forzadas, es una realidad cotidiana en Michoacán y en todo México. Campos subrayó que no se puede permitir que estas prácticas se normalicen, pues dañan el patrimonio familiar y vulneran la paz social. La diputada enfatizó que la reforma es un paso fundamental para fortalecer el estado de derecho y devolver la tranquilidad a la ciudadanía, aunque reconoció que el endurecimiento de sanciones debe ir acompañado de una efectiva procuración e impartición de justicia para evitar que la ley quede en letra muerta.
Esta reforma, aprobada recientemente por unanimidad en el Senado con 106 votos a favor, modifica el artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso de la Unión a expedir una ley general que unifique criterios, cierre vacíos legales y fortalezca la coordinación entre los tres niveles de gobierno en la prevención, investigación y sanción de la extorsión[1][5][7]. La disparidad normativa entre estados ha permitido que la delincuencia organizada aproveche lagunas legales, por lo que la homologación penal es clave para combatir este delito que crece y se adapta a nuevas tecnologías.
Además, la reforma incorpora un lenguaje incluyente y visibiliza la igualdad de género en las atribuciones presidenciales, reflejando un compromiso con la equidad[3].