El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en Michoacán, Reyes Galindo Pedraza, respaldó con firmeza la reciente reforma constitucional para combatir la extorsión, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que otorga al Congreso de la Unión la facultad para expedir una Ley General en esta materia. Esta reforma busca unificar criterios penales y sanciones para enfrentar uno de los delitos que más afecta a la sociedad mexicana, tanto en su seguridad como en su economía.
La extorsión, considerada un “impuesto criminal” que paraliza la economía y debilita el tejido social, afecta a millones de familias, comerciantes, transportistas y comunidades enteras. Según datos oficiales citados por Galindo, este delito genera pérdidas superiores a 26 mil millones de pesos anuales en México, equivalentes a 71 millones diarios, recursos que alimentan a redes criminales en lugar de invertirse en educación, salud y desarrollo social.
Entre los puntos clave de la reforma destacan:
- Facultad al Congreso de la Unión para expedir una ley general que homologue el tipo penal, agravantes y sanciones en todo el país, cerrando vacíos legales que actualmente permiten la impunidad.
- Coordinación entre los tres niveles de gobierno para prevenir, investigar y sancionar la extorsión bajo un modelo nacional unificado.
- Atención integral a víctimas, ofendidos y testigos, con protocolos específicos y capacitación para operadores de seguridad y negociación en crisis.
- Uso de tecnología y sistemas de inteligencia informática para fortalecer la prevención y persecución del delito.
Reyes Galindo destacó que la seguridad es un derecho fundamental y no un privilegio, por lo que votar a favor de esta reforma representa un compromiso con la dignidad y la tranquilidad del pueblo mexicano y michoacano. Además, reconoció el papel del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla en impulsar esta reforma desde Michoacán.