La propuesta de Memo Valencia, diputado local del PRI, para renovar las placas vehiculares cada diez años en Michoacán, ha abierto un intenso debate sobre la transparencia y la justicia fiscal en el estado. El legislador busca poner fin a una práctica que, según sus palabras, “ha convertido a la ciudadanía en un blanco fácil cada vez que el gobierno necesita dinero inmediato”.
¿Por qué cambiar las placas cada diez años?
La iniciativa de Valencia pretende reformar el penúltimo párrafo del artículo 63 de la Ley de Hacienda estatal, estableciendo que el reemplacamiento vehicular solo ocurra cada década, y no cada tres o seis años como ha sucedido en administraciones anteriores. El objetivo es claro: evitar que los cambios de gobierno o los déficits presupuestarios se conviertan en pretextos para imponer nuevos gastos a los ciudadanos.
“Cambiar placas cada tres o cinco años sin razón válida es inequitativo, inconstitucional, regresivo y poco ético. La ciudadanía no puede estar sujeta a disposiciones caprichosas o discrecionales que buscan llenar las arcas estatales o medidas disfrazadas de modernización”, afirmó el diputado.
El impacto económico y social del reemplacamiento
El reemplacamiento vehicular ha sido una constante fuente de molestia para los michoacanos. Cada vez que se anuncia un nuevo cambio de placas, miles de familias deben desembolsar recursos adicionales para cumplir con la normativa, sin que esto se traduzca necesariamente en mejoras en la seguridad pública o en la actualización de bases de datos, como suele argumentarse desde el gobierno.
- Costo para la ciudadanía: El reemplacamiento implica pagos por placas, trámites y, en ocasiones, multas por no cumplir en tiempo.
- Falta de evidencia: No existen datos contundentes que demuestren que el cambio frecuente de placas reduzca el robo de vehículos o la clonación de placas.