Igualdad sustantiva: más allá de las palabras
La legisladora subraya que la celebración del Mes de la Mujer no es simplemente una fecha en el calendario, sino un llamado permanente a desmantelar las barreras históricas que han obstaculizado el desarrollo integral de las mujeres en espacios políticos, sociales, económicos y laborales. “Las mujeres seguimos abriendo camino en la vida pública y profesional. Cada espacio conquistado es resultado de luchas colectivas, de la sororidad y de la convicción de que la igualdad no puede esperar”, expresó Pedraza Huerta.
Iniciativas orientadas a la igualdad
Esta postura refleja una visión que va más allá del reconocimiento: busca materializar derechos mediante reformas concretas. Desde el Congreso del Estado, la diputada ha presentado iniciativas ambiciosas orientadas a garantizar la igualdad sustantiva para las mujeres, estableciendo cuatro pilares fundamentales:
- Igualdad Sustantiva: Elevación a rango constitucional del deber estatal para eliminar obstáculos que impiden que las mujeres gocen plenamente de sus derechos, con protección reforzada para niñas, adolescentes y mujeres.
- Dignidad Económica: Prohibición explícita de la brecha salarial.
- Justicia con Perspectiva de Género: Garantizando paridad en la Fiscalía General y unidades especializadas contra feminicidio y violencia sexual.
- Ayuntamientos y Pluralidad: Implementación de paridad en todos los niveles de mando municipal, respetando los derechos de las mujeres en pueblos indígenas.
Combate a la violencia de género: persecución de oficio
Una de las iniciativas más destacadas presentadas por Pedraza Huerta busca reformar la tipificación de hostigamiento y acoso sexual, permitiendo la persecución de oficio en estos delitos. La legisladora ha señalado que la estructura actual se ha convertido en “un escudo para el agresor y un grave desgaste para la víctima”, perpetuando la impunidad y revictimización.
Esta propuesta representa un cambio paradigmático: desplaza la carga de la prueba y la denuncia del sistema actual, donde las víctimas deben impulsar los procesos, hacia un modelo donde el Estado asume la responsabilidad de perseguir estos delitos.
