La Reforma Constitucional “No más deuda” representa un **quiebre histórico** en la forma en que Michoacán ha administrado sus finanzas públicas durante más de treinta años[1]. Con la aprobación unánime del Congreso del Estado, la entidad cierra definitivamente la puerta a una práctica que ha caracterizado su gestión administrativa: heredar compromisos financieros a gobiernos venideros[1].
El diputado Marco Polo Aguirre Chávez, coordinador de la Representación Parlamentaria, fue categórico al calificar esta decisión como **trascendental no solo para la generación actual, sino especialmente para las futuras generaciones de michoacanos**[1]. Su intervención en el acto de presentación de la reforma subraya un cambio paradigmático en la política estatal: la voluntad de hacer las cosas de manera diferente, con orden, gobernabilidad y cuidado de los recursos públicos[1].
### El legado de una deuda heredada que sofocaba al estado
Antes de comprender la magnitud de esta reforma, es necesario contextualizar el escenario que Michoacán enfrentaba. Entre 1993 y 2021, administraciones anteriores acumularon una deuda pública que alcanzó los **22 mil millones de pesos**, cifra que se elevaba a 50 mil millones cuando el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla asumió el cargo[1][9]. Esta carga financiera generaba un efecto dominó devastador:
– **Rezagos en pagos a proveedores** y trabajadores del sector público[1]
– **Dependencia crítica de recursos federales** para cumplir obligaciones básicas[1]
– **Deuda per cápita de 4 mil 300 pesos** por cada habitante michoacano[3]
– **Más de 6 mil millones de pesos anuales** destinados únicamente al pago de intereses y amortizaciones[7]
Esa última cifra es particularmente reveladora: representa casi el doble del presupuesto anual de obra pública estatal y supera en más de mil millones de pesos el presupuesto de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo[7].
### Una reforma que blinda el futuro financiero
La reforma aprobada establece una **regla constitucional firme**: los gobiernos estatales no podrán contratar créditos a largo plazo que rebasen el periodo de la administración en turno[1]. En otras palabras, cada gobierno estará obligado a asumir y liquidar los financiamientos que solicite durante su gestión, sin traspasar la responsabilidad a
