En un paso decisivo para la defensa de los sectores más vulnerables, el Congreso del Estado de Michoacán aprobó reformas al Código Penal y a la Ley Orgánica Municipal con el objetivo de proteger a las personas adultas mayores y con discapacidad frente al abuso de confianza, especialmente en la disposición indebida de sus fondos de beneficios sociales.
Cambios clave en la legislación penal y municipal
- Reforma al artículo 215 del Código Penal: Se tipifica como delito el abuso de confianza específico relacionado con la disposición de fondos destinados a beneficios sociales para adultos mayores y personas con discapacidad. Quienes incurran en esta conducta enfrentarán penas de prisión y multas, reforzando la sanción contra quienes se aprovechan de la confianza depositada en ellos para disponer indebidamente del patrimonio de estas personas[5].
- Mandato a autoridades municipales: Se establece la obligación para los ayuntamientos de brindar atención especial y acompañamiento legal a las víctimas de este delito, facilitando la denuncia y la activación de las autoridades investigadoras y judiciales. Esto busca evitar que la falta de recursos económicos impida el acceso a la justicia[5].
- Facultades ampliadas para los municipios: Los ayuntamientos podrán auxiliar a personas mayores o con discapacidad que denuncien haber sido víctimas de abuso de confianza, apoyándolas para presentar la denuncia correspondiente y proteger su patrimonio[5].
Contexto y relevancia social
Esta reforma responde a una problemática creciente donde personas encargadas del manejo de tarjetas o recursos de adultos mayores y discapacitados se apropian indebidamente del dinero, afectando gravemente su bienestar y seguridad económica. La medida busca cerrar lagunas legales y garantizar que el patrimonio de estas personas sea respetado y protegido.
Además, la iniciativa se alinea con esfuerzo
