La violencia contra las mujeres no es una tragedia aislada, sino el síntoma de un sistema que se nutre de la desigualdad y reproduce la opresión diariamente. Con esta premisa contundente, la presidenta del Congreso del Estado de Michoacán, Giulianna Bugarini Torres, convocó a asumir con seriedad y responsabilidad institucional la tarea de proteger a todas las mujeres y niñas de la entidad en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Durante la conmemoración del 25 de noviembre, Bugarini enfatizó que aunque el camino es difícil, existen avances legislativos sin precedentes que antes no estaban sobre la mesa. “El camino es difícil, pero hoy contamos con leyes y herramientas reales para enfrentar la violencia contra las mujeres. Son reformas que cambian la historia y que ya están protegiendo vidas”, afirmó la legisladora.
Acciones concretas que transforman realidades
El Congreso del Estado no se conformó con discursos simbólicos. En esta jornada histórica, la institución legislativa firmó un convenio que la convierte en un espacio libre de violencia, con compromisos tangibles que incluyen diagnóstico institucional, capacitación obligatoria para todo el personal, protocolos visibles y canales de denuncia claros.
Michoacán se posiciona como uno de los pocos congresos en el país que cuenta con un Comité para la Atención a la Violencia de Género en su modalidad de hostigamiento sexual y acoso sexual, demostrando que la resistencia no es solo en las calles, sino también en las instituciones.
El feminicidio: un delito que requiere justicia ejemplar
Fabiola Alanís Sámano, presidenta de la Junta de Coordinación Política, señaló una realidad preocupante: actualmente solo 1 de cada 10 delitos dolosos que afectan a las mujeres se tipifica como feminicidio. Mientras el feminicidio no sea considerado como un delito autónomo, mientras no se investigue por razones de género y no existan sentencias ejemplares, la erradicación de esta violencia seguirá siendo una tarea pendiente.
El caso del feminicidio de Jessica González Villaseñor representa un precedente nacional importante, dejando constancia de que la justicia con perspectiva de género es posible cuando existe el compromiso institucional.