La aprobación de la Ley “No Más Deuda” representa un hito histórico para Michoacán, marcando el fin de una inercia financiera que durante 30 años comprometió los recursos públicos y el futuro de sus ciudadanos. Esta reforma constitucional, impulsada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, blindará las finanzas estatales al prohibir constitucionalmente la contratación de deuda a largo plazo, una medida que la diputada Diana Mariel Espinoza Mercado del Partido del Trabajo celebra como estrategia fundamental para garantizar la estabilidad financiera del estado.
El legado de la deuda: un problema de décadas
Entre 1993 y 2021, Michoacán acumuló una deuda pública de 22 mil millones de pesos, cifra que refleja decisiones administrativas equivocadas de gobiernos anteriores. Esta carga financiera no solo comprometió el presente, sino que hipotecó el futuro de la entidad. En los últimos tres años, la administración estatal ha tenido que destinar aproximadamente 20 mil millones de pesos exclusivamente al pago de créditos, recursos que podrían haberse invertido en infraestructura educativa, carreteras y desarrollo regional.
El gobernador Ramírez Bedolla ejemplificó la magnitud del problema: con el IMSS existía una deuda de 2 mil 600 millones de pesos que hoy es cero. Sin embargo, estos avances en el saneamiento de pasivos revelan cómo la mala administración anterior drenaba las arcas públicas en intereses y obligaciones financieras.
La “licuadora”: la práctica que trituraba los recursos
Una de las prácticas más perniciosas del pasado fue la denominada “licuadora”, un mecanismo donde todo el dinero que llegaba al estado era depositado en un fondo del cual se tomaba sin criterio alguno. Esta práctica provocaba que a fin de año no hubiera recursos para pagar salarios, obras públicas ni compromisos básicos. Como señaló un legislador del PT, en esos tiempos “pedían préstamos para robar”.
¿Qué cambia con la nueva ley?
La Ley Antideudamiento establece restricciones claras y permanentes:
- Prohibición de deuda a largo plazo: El gobierno estatal, incluida la administración actual, no podrá contratar créditos con plazos superiores al sexenio
