La diputada Teresita Herrera Maldonado, coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de Michoacán, alzó la voz este 22 de octubre de 2025 para recordar que, más allá de los festejos protocolarios, el 211 aniversario de la Constitución de Apatzingán debe ser un llamado a la acción: “Nuestra tierra clama justicia, exige libertad y paz; es imperante que la población pueda vivir en condiciones humanas y dignas”. Sus palabras resonaron en una sesión solemne que, paradójicamente, coincidió con el luto de una comunidad lastimada por la violencia.
El peso de la historia y la urgencia del presente
La Constitución de Apatzingán, promulgada en 1814 por José María Morelos, no es solo un documento histórico: es la semilla de los ideales que hoy laten en el corazón de Michoacán. Herrera Maldonado subrayó que esta fecha “simboliza la lucha histórica por las libertades, la justicia, la seguridad y una vida digna para todas y todos los mexicanos”. Sin embargo, la diputada fue clara: celebrar el pasado no basta cuando el presente está marcado por el miedo y la impunidad.
“Conmemoramos los 211 años de la promulgación de la Constitución de Apatzingán, lo que nos mueve a seguir luchando por las libertades, la seguridad, la paz, una vida digna. A exigir una patria libre y justa para todas las y los mexicanos”.
Seguridad y justicia: asignaturas pendientes en Michoacán
La violencia no da tregua. El asesinato del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, ha conmocionado a la región. Escuelas y organizaciones civiles cancelaron su participación en los festejos, declarándose en luto y exigiendo, con el dolor a cuestas, que se cancele el evento “por respeto a familiares y amigos”. La diputada Herrera Maldonado se solidarizó con la familia de Bravo y con todas las víctimas cuyos casos permanecen en la impunidad, exigiendo “resultados claros en materia de seguridad y justicia”.
Acciones urgentes que Michoacán necesita
- Refuerzo inmediato de la seguridad en zonas rurales y urbanas, con especial atención a productores, comerciantes y habitantes de regiones vulnerables.
- Atención prioritaria a casos de violencia, con investigaciones expeditas y transparentes que devuelvan la confianza en las instituciones.
- Diálogo permanente con la sociedad civil, escuchando las demandas de justicia y paz que surgen desde las comunidades.