La diputada Grecia Aguilar Mercado, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura Local, presentó una iniciativa que busca cerrar una brecha persistente en el sistema educativo michoacano. Aunque la Constitución establece que la educación debe ser gratuita, la realidad en muchos planteles es bien distinta: familias enfrentan presiones constantes para adquirir uniformes, útiles escolares y contratar servicios con proveedores específicos.
El problema que afecta a miles de familias michoacanas
Desde la tribuna legislativa, Aguilar Mercado señaló que hablar del derecho a la educación es hablar de justicia social, igualdad de oportunidades y dignidad. Sin embargo, en diversos planteles educativos persisten prácticas que contradicen este principio fundamental.
Las familias se enfrentan a situaciones complejas:
- Obligaciones implícitas de comprar en establecimientos específicos mediante listas “oficiales”.
- Presiones veladas que generan temor a consecuencias administrativas o académicas.
- Recomendaciones que funcionan como mandatos encubiertos.
- Convenios con proveedores que limitan la libertad de elección.
“Eso no es organización escolar ni cooperación voluntaria; es una práctica que vulnera la libertad de elección y afecta directamente la economía familiar”, enfatizó la legisladora.
El impacto en hogares con múltiples estudiantes
El problema se agudiza en familias numerosas. Cuando hay más de una hija o hijo en edad escolar y los ingresos son variables o insuficientes, estas compras “obligatorias” se convierten en una carga desproporcionada. Muchos hogares deben elegir entre cumplir con estas exigencias o cubrir necesidades básicas como alimentación o servicios.
Una reforma que protege sin desorganizar
La iniciativa de Aguilar Mercado plantea precisar la conducta infractora en la Ley de Educación del Estado de Michoacán, cerrando vacíos legales que actualmente permiten estas prácticas. La propuesta establece de manera expresa que no se puede obligar, inducir ni presionar a las familias para comprar en determinados establecimientos, ya sea mediante listas exclusivas, convenios o recomendaciones obligatorias.
Un aspecto crucial de la reforma es que no busca desorganizar a las escuelas ni eliminar actividades complementarias, sino garantizar que la participación sea libre y voluntaria, respetando la economía familiar sin condicionamiento.
