El Congreso del Estado de Michoacán ha dado un paso decisivo en la lucha contra uno de los delitos que más ha azotado la entidad en los últimos años. Con una aprobación unánime, los diputados locales reformaron la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para facultar al titular de la Secretaría de Seguridad Pública a diseñar e implementar herramientas digitales que faciliten las denuncias por extorsión[1].
La iniciativa, presentada por la diputada del PRI Adriana Campos Huirache, responde a una realidad alarmante: más del 96 por ciento de los casos de extorsión no se denuncian debido a la desconfianza ciudadana y las limitaciones institucionales para perseguir el delito[1]. Como expresó la legisladora en tribuna, “miles de personas viven con miedo de contestar el teléfono, viven con miedo de abrir un mensaje de texto y con miedo de denunciar”[4].
### El crecimiento exponencial de la extorsión en Michoacán
Los números hablan por sí solos. La tasa nacional de víctimas de extorsión pasó de 5.09 por cada 100 mil habitantes en 2015 a 8.21 en 2024, representando un aumento del 60 por ciento[1]. Sin embargo, en Michoacán la situación es aún más crítica: el incremento fue de 0.92 a 5.92 en el mismo período, lo que significa un alza superior al 400 por ciento[1].
Durante 2024, se registraron 10 mil 239 casos de extorsión en todo el país, de los cuales 295 ocurrieron en la entidad michoacana[1][4]. Estas cifras evidencian que la sofisticación tecnológica de los delincuentes ha avanzado considerablemente, permitiéndoles expandir sus operaciones de manera más efectiva[4].
### Una solución tecnológica para romper el silencio
La reforma adiciona la fracción XXI al artículo 16 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, otorgando al Secretario de Seguridad Pública la atribución de establecer lineamientos y programas que privilegien medios tecnológicos para la denuncia[1][4]. El objetivo es claro: **generar mayores condiciones de seguridad y confidencialidad** para las víctimas, permitiéndoles denunciar desde sus dispositivos móviles de manera anónima[1].
La Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil expresó su convicción