En un acto que resalta el compromiso legislativo con los más vulnerables, la diputada Xóchitl Ruíz González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Michoacán, reafirmó su dedicación a proteger los derechos de los jornaleros agrícolas durante la presentación del libro Jornaleros Agrícolas Migrantes y Pequeños Productores, coordinado por María Elena Rivera Heredia, Pedro Fernández Carapia y Marco Antonio Tinoco Álvarez[1][3][7]. Este evento, realizado en el salón de recepciones del Parlamento michoacano, visibilizó las precarias condiciones de un sector que, como bien dijo un activista, representa “los jodidos entre los jodidos”, urgiendo al Estado a saldar una deuda histórica[3][5].
Vulnerabilidad de los jornaleros: cifras alarmantes y llamados a la acción
Los jornaleros michoacanos enfrentan explotación sistemática, con 200 mil trabajadores distribuidos en las cinco regiones del estado, parte de los tres millones a nivel nacional. Pedro Fernández Carapia, de Fuerza Migrante, denunció que su abandono no es casual, sino estructural: “Alguien se está enriqueciendo con su pobreza”, enfatizó, comparando sus penurias con las de migrantes indocumentados, que palidecen ante tales realidades[3][5].
La diputada Ruíz subrayó: “Desde la Comisión, entendemos su vulnerabilidad y fortaleceremos el trabajo en pro de sus derechos humanos, de la mano con autoridades para garantizar una vida digna”[1]. Este enfoque alinea con su trayectoria, como la iniciativa para incluir a adolescentes en grupos vulnerables de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos[2][4].
Datos clave sobre jornaleros en Michoacán:
| Aspecto | Detalle | Fuente |
|---|---|---|
| Población estatal | 200,000 jornaleros | [3][5] |
| Nacional | 3 millones | [3][5] |
| Regiones afectadas | 5 en Michoacán | [3] |
| Problema principal | Explotación estructural y olvido estatal | [3][5] |
Compromiso legislativo: de palabras a políticas públicas
La vicepresidenta de la Mesa Directiva, Nalleli Julieta Pedraza Huerta, representó al Congreso y llamó a “traducir el conocimiento en leyes y políticas que atiendan la desigualdad estructural”, promoviendo diálogo entre academia, sociedad civil y poder público[1]. Este libro se erige como herramien
