En un golpe decisivo contra la impunidad que azota el patrimonio familiar, el diputado local David Martínez Gowman presentó una iniciativa para endurecer las sanciones por despojo agravado en el Código Penal de Michoacán. Esta propuesta, expuesta ante el Pleno del Congreso del Estado, eleva las penas de 1 a 5 años actuales a un rango de 3 a 10 años de prisión, con agravantes que podrían llegar hasta 20 años en casos reincidentes o por grupos organizados[1].
Blindaje al patrimonio: sectores vulnerables en el foco de la reforma
Como bien dice el refrán, “el hogar es el castillo de cada familia”, y Martínez Gowman busca fortificar ese bastión legal. La iniciativa actualiza los artículos 226 y 227, y añade el 227 bis, para proteger a los más desprotegidos:
Además, tipifica la responsabilidad de funcionarios notariales que, por dolo o negligencia, validen documentos falsos, cerrando así lagunas que alimentan la corrupción[1].
| Aspecto clave | Sanción actual | Propuesta por Martínez Gowman |
|---|---|---|
| Despojo básico | 1-5 años | 3-10 años |
| Con agravantes (vulnerables) | No especificado | Hasta 15 años |
| Reincidencia o grupos | No tipificado | Hasta 20 años |
| Notarios cómplices | No penalizado | Penas equivalentes al despojador[1] |
“Cero tolerancia”: la voz del legislador por Zamora
Desde la tribuna, el representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la 76 Legislatura por el Distrito 06 de Zamora, declaró: “No podemos permitir que el esfuerzo de toda una vida de los michoacanos se pierda por lagunas legales o actos de corrupción. Esta reforma es un paso firme hacia la seguridad jurídica y la justicia social”. Con formación en Derecho por la Universidad Autónoma de Guadalajara y experiencia en temas agrarios, Gowman conoce de cerca las heridas del despojo en regiones como Zamora, donde la inseguridad ha complicado la tenencia de la tierra.