En un paso decisivo hacia la austeridad republicana, el Congreso de Michoacán dio luz verde, con 36 votos a favor y sin disidencias, a la reforma al artículo 127 de la Constitución Política de México, limitando jubilaciones y pensiones en entidades públicas para evitar excesos que drenan los recursos del pueblo.[1][2] Esta aprobación unánime, en sesión extraordinaria virtual el 27 de marzo de 2026, armoniza la norma federal con principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, recordándonos el sabio refrán: “El dinero público no es de nadie, es de todos”.
Detalles Clave de la Reforma Aprobada en Michoacán
La minuta reformatoria modifica el párrafo segundo, fracciones II y III, y añade la fracción IV, junto con nuevos párrafos, del artículo 127 constitucional. Su esencia radica en imponer un tope salarial irrefutable: ninguna jubilación o pensión en organismos descentralizados, empresas públicas, fideicomisos y entes paraestatales —federales, estatales o municipales— podrá superar la mitad de la remuneración del titular del Ejecutivo Federal, fijada en el presupuesto anual (alrededor de 70 mil pesos mensuales).[3][4]
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| Aspecto | Antes | Ahora |
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| Remuneración máxima | Sin límite estricto para pensiones | No más del 50% del salario presidencial |
| Servidores públicos | Posibles percepciones superiores al jefe | Prohibido, salvo excepciones técnicas justificadas |
| Entes cubiertos | Variabilidad por entidad | Uniforme: paraestatales, fideicomisos y empresas estatales |
| Excepciones | No especificadas | Fuerzas Armadas, aportaciones voluntarias a Afores y pensiones no contributivas |
Esta medida busca erradicar las infames “pensiones doradas”, esas retribuciones desproporcionadas que, como sangrías al erario, han sido denunciadas por legisladores como Ignacio Mier Velazco.[5] Imagina: exfuncionarios jubilados con sueldos millonarios mientras comunidades claman por servicios básicos. ¡Ya basta!
Contexto Nacional: De Diputados a Estados
La iniciativa surgió del Ejecutivo federal, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y fue avalada por la Cámara de Diputados el 25 de marzo de 2026 con 363 votos a favor