En un contexto donde la violencia sexual sigue siendo una de las sombras más profundas en la vida de miles de mujeres michoacanas, el Congreso de Michoacán da un paso trascendental. El diputado Octavio Ocampo Córdova, líder del PRD y voz activa en la 76 Legislatura, presentó una iniciativa que busca humanizar la atención a las víctimas de delitos sexuales, proponiendo que las mujeres afectadas tengan derecho a ser asesoradas preferentemente por una asesora jurídica en el proceso de denuncia y litigio.
Una reforma que busca erradicar la revictimización
La iniciativa, presentada el 19 de noviembre de 2025, propone adicionar un párrafo al Artículo 65 de la Ley de Atención a Víctimas de Michoacán, con el objetivo de garantizar que las mujeres víctimas de delitos sexuales no enfrenten nuevos traumas en el sistema de justicia.
“Las mujeres que hayan sido víctimas de delitos sexuales, tendrán derecho a ser asesoradas preferentemente por una Asesora jurídica.”
Este cambio, aunque parece sencillo, representa un avance significativo en la lucha contra la revictimización institucional. Muchas mujeres, al enfrentar el proceso judicial, se encuentran con barreras emocionales, prejuicios y una frialdad que agrava su dolor. El acompañamiento de una profesional de su mismo género puede marcar la diferencia entre denunciar o guardar silencio.
El contexto: cifras que no pueden ignorarse
Según datos oficiales, en 2023 se registraron 524 casos de violación sexual y más de 500 abusos sexuales en Michoacán, con el 80% de las víctimas siendo mujeres y niñas. Estas cifras no solo reflejan la gravedad del problema, sino también la necesidad urgente de reformas que prioricen la dignidad y la seguridad de las afectadas.
Octavio Ocampo no dudó en señalar que:
“La violencia sexual en Michoacán no son incidentes aislados, es una problemática grave y compleja que afecta principalmente a mujeres, niñas y adolescentes, y sus consecuencias son devastadoras.”
Perspectiva de género y compromisos internacionales
La propuesta no solo responde a la realidad local, sino que también se alinea con compromisos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará. Ambos instrumentos obligan al Estado mexicano a garantizar una atención especializada y con perspectiva de género a las víctimas de violencia sexual.
El diputado destacó que: