En un contexto donde algunos municipios de Michoacán destinan hasta el 70% de su presupuesto al pago de nóminas y gasto corriente, el diputado Alfredo Anaya Orozco, del Partido Verde Ecologista de México, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado. La propuesta busca establecer límites claros al gasto corriente municipal y priorizar la inversión en obra pública y servicios esenciales que impacten directamente en la calidad de vida de la población.
Problemática actual en el gasto municipal
El diputado Anaya Orozco destacó que el municipio es el primer nivel de gobierno con el que la ciudadanía interactúa, y tiene responsabilidades cruciales como el alumbrado público, recolección de residuos, mantenimiento vial, seguridad y ejecución de obras. Sin embargo, la realidad en Michoacán es preocupante: hasta un 70% del presupuesto se consume en nóminas y gastos administrativos, dejando escasos recursos para infraestructura y desarrollo social.
“Durante años hemos visto cómo los recursos municipales se diluyen en nóminas infladas y gasto corriente que no genera bienestar, en lugar de traducirse en calles pavimentadas, drenajes funcionales o parques seguros”, señaló el legislador en tribuna.
Propuesta de reforma para disciplina financiera municipal
La iniciativa plantea un límite máximo del 40% de los ingresos propios municipales para servicios personales (nómina), garantizando que al menos el 60% del presupuesto se destine a obra pública, infraestructura y servicios municipales. Además, propone restringir nuevas contrataciones en el tercer año de gobierno —coincidente con procesos electorales— salvo sustituciones justificadas, para evitar el uso clientelar de recursos públicos.
| Aspecto clave | Propuesta de reforma |
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