En Michoacán, la seguridad no es un tema de campaña: es la condición necesaria para que funcionen el campo, las pequeñas empresas, el comercio, la educación y la vida comunitaria. Las familias quieren que sus hijos regresen a casa. Los productores exigen vender sin pagar extorsión. Los comerciantes, abrir sin amenazas. Los transportistas, circular por carretera. Las comunidades, que la autoridad entre y permanezca en el territorio.
Carlos Torres Piña habla desde la experiencia, no desde la promesa
No necesita improvisar una posición sobre seguridad ni repetir diagnósticos conocidos: fue secretario de Gobierno y fiscal general. Durante su gestión, Michoacán registró reducciones relevantes en homicidio doloso, se fortalecieron investigaciones, aumentaron operaciones contra estructuras de extorsión y fueron detenidos objetivos de alto impacto como Ramón Ángel “N” (“El R1”), César Alejandro “N” (“El Botox”), Alfonso “N” (“Poncho” o “La Quiringua”) y Ernesto Rafael “N” (“Sierra 1”).
Su ascenso en las mediciones —19% según El Financiero, 27.5% según TResearch, ventajas reportadas entre simpatizantes de Morena— se explica también porque ha recorrido prácticamente todas las regiones del estado: la Meseta Purépecha, Tierra Caliente, el Oriente, el Bajío, la Costa, la región lacustre, el valle de Zamora y Morelia; y porque escucha directamente a campesinos, ganaderos, comerciantes, empresarios, maestros, comunidades indígenas y organizaciones sociales.
Hablar de empleo, inversión o campo sin hablar de seguridad es ofrecer solo la mitad de una propuesta. Carlos Torres Piña es el único aspirante que no habla de seguridad como una promesa futura: lo hace desde la experiencia, las decisiones difíciles y los resultados.
