El desplazamiento forzado por el crimen organizado ya es considerado un delito, lo que permite a miles de michoacanos —de Morelia, Tierra Caliente y la Sierra-Costa— acceder a justicia tras abandonar sus tierras, parcelas y animales bajo amenaza.
El diputado Memo Valencia, autor de la reforma presentada el 3 de junio de 2026, destacó que esta tipificación complementa la iniciativa previa de su compañera Sandra Garibay y responde directamente a las víctimas que han sido obligadas a huir de sus comunidades.
Otras reformas aprobadas
También se agravaron las penas por robo a cuentahabientes en cajeros, bancos o tiendas de conveniencia —inspirada en el trabajo de Revolución Social con víctimas— y se endureció el castigo al quebrantamiento de sellos, propuesta del diputado suplente Santiago Sánchez.
Valencia reconoció públicamente a la Fiscalía General del Estado, a la Secretaría de Seguridad Pública y a otras corporaciones por el desmantelamiento del grupo delictivo encabezado por ‘El Sierra 1’, y alertó a la ciudadanía sobre llamadas falsas de extorsión procedentes del Centro de Reinserción Social ‘Santa Martha Acatitla’.
