En el Congreso de Michoacán, una iniciativa ha puesto sobre la mesa un tema que siempre enciende el debate público: el uso de la fuerza policial frente a manifestaciones pacíficas. El diputado Reyes Galindo Pedraza, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, propuso reformar la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para prohibir balas de goma, aparatos de electrochoque y gases nocivos contra personas que se expresen en reuniones o protestas sin violencia.
La propuesta busca añadir disposiciones al artículo 106 Bis con una premisa clara: que las actuaciones de las corporaciones policiales en Michoacán y en los municipios se conduzcan bajo los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad. En otras palabras, que la fuerza pública actúe con firmeza cuando sea indispensable, pero sin cruzar la línea que lastima derechos fundamentales. ⚖️
Qué plantea la iniciativa de Reyes Galindo en Michoacán
Durante la sesión ordinaria, el legislador expuso que su propuesta pretende evitar que la policía utilice herramientas que puedan poner en riesgo la integridad física de manifestantes durante protestas pacíficas.
Entre los puntos centrales destacan:
- Prohibición de balas de goma
- Prohibición de aparatos de electrochoques
- Prohibición de gases nocivos
- Respeto estricto a la legalidad
- Uso de la fuerza solo bajo absoluta necesidad
- Aplicación de proporcionalidad en operativos policiales
La lógica de fondo es contundente: una protesta pacífica no debe convertirse en un escenario de represión. Como suele decirse, “no se apaga el fuego con gasolina”; y en política pública, menos aún cuando está de por medio el derecho a la libre expresión.
Derechos humanos y protesta social: el eje del debate
Reyes Galindo respaldó su propuesta en instrumentos internacionales, particularmente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que reconoce el derecho a la reunión pacífica como una vía legítima para que las personas participen en la vida pública y expresen colectivamente sus demandas.
El diputado argumentó que la manifestación no es un capricho, sino un mecanismo democrático para denunciar:
- incumplimientos de derechos civiles;
- afectaciones a derechos políticos;
- carencias en derechos económicos;
- rezagos en derechos sociales;
- vulneraciones a derechos culturales.
En el fondo, la discusión no es menor: cómo equilibrar el orden público con la libertad de expresión y de reunión. Cuando ese equilibrio falla, el costo social es alto.
