Morelia, 21 de noviembre de 2025. Ante la compleja situación de violencia y la urgente necesidad de transparencia en la ejecución del Plan Michoacán, la diputada Teresita Herrera Maldonado, coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN en Michoacán, propuso la creación de una Comisión Especial encargada de evaluar y dar seguimiento puntual a este ambicioso programa federal.
Este plan, anunciado recientemente por el Gobierno Federal con una inversión superior a los 57 mil millones de pesos y estructurado en 12 ejes estratégicos, busca contener la violencia, impulsar el desarrollo económico y social, y fortalecer la seguridad en la entidad. Sin embargo, para Herrera Maldonado, es indispensable que exista un mecanismo legislativo que garantice la rendición de cuentas y la participación ciudadana en la supervisión de los recursos públicos destinados a este fin.
Objetivos y funciones de la Comisión Especial propuesta por el PAN
- Evaluar y dar seguimiento mensual a los avances y resultados del Plan Michoacán, asegurando que las acciones sean medibles y efectivas.
- Fiscalizar el uso de recursos públicos estatales y federales, evitando la opacidad y posibles desviaciones.
- Convocar a funcionarios estatales y federales para que informen sobre los resultados obtenidos y permitan una evaluación objetiva y actualizada.
- Promover un diálogo abierto y plural entre las distintas fuerzas políticas, evitando la polarización y buscando soluciones duraderas.
- Garantizar que el Plan sea flexible, permitiendo ajustes en su implementación para responder a las necesidades reales de la sociedad.
Contexto y relevancia del Plan Michoacán
El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia fue presentado oficialmente en noviembre de 2025 por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se comprometió a dar seguimiento quincenal y a informar públicamente cada mes sobre los avances. Este programa contempla acciones en seguridad, desarrollo económico, infraestructura, bienestar social, educación, salud, cultura, y atención a grupos vulnerables como mujeres, jóvenes e indígenas.
Entre las medidas más destacadas se encuentran el fortalecimiento de la Guardia Civil y la Fiscalía General de Justicia, la incorporación de tecnología y unidades especializadas para combatir la delincuencia, así como inversiones millonarias en infraestructura carretera, agua potable y programas sociales. Sin embargo, la violencia persistente, evidenciada en hechos como el asesinato del alcalde de Uruapan, ha generado desconfianza y exigencias de mayor transparencia y eficacia.
